Según reportes de la Agencia EFE y Noticias RCN, la Defensoría del Pueblo realizó una importante alerta sobre agresiones en contra de la población LGBT en el marco del conflicto armado que aún golpea al país y resaltó la falta de “una cifra confiable respecto al número de víctimas”.
Según el comunicado entregado, los grupos guerrilleros y las bandas criminales son los principales protagonistas de las diferentes conductas en contra de la población de acuerdo al control de víctimas y su condición, donde se destacan agresiones como homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, imposición de estereotipos e incluso consejos de guerra.
Para la Defensoría del Pueblo, el principal inconveniente a la hora de proteger los derechos fundamentales de los LGBT es la falta de una cifra de acuerdo al número de víctimas que sea confiable: donde de 7,5 millones de víctimas registradas oficialmente, sólo 1.422 hacen parte de la población diversa, pero hay 56.296 personas en los reportes de la Unidad de Víctimas que no informaron su género y 19.286 en la categoría de “no definidos”.
“Esta situación, que podría ser el reflejo de un alto subregistro asociado al silencio que imponen los violentos, se complementa con las cinco modalidades principales encontradas por la Defensoría del Pueblo a propósito de la vulneración de derechos de la población con orientación sexual diversa en el marco del conflicto”, agrega el comunicado.
Entre las vulneraciones mencionadas anteriormente resaltan homicidios “por simple intolerancia a la diversidad”, “producto de consejos de guerra por conductas de comportamiento individual que son consideradas como transgresoras de las normas internas de una determinada organización”, y también “como parte de las mal llamadas ‘limpiezas sociales‘”.
La Defensoría también detectó amenazas vinculadas fundamentalmente a las iniciativas de asociación de la población LGBT en búsqueda de defender los derechos que les pertenecen como colectivo social.
Dentro del mismo contexto que se está llevando en este momento en Colombia de acuerdo con la firma del tratado de paz, el ente defensor reclamó establecer garantías de reparación integral y no repetición, definir una política pública con enfoque diferencial para poder precisar las características de las víctimas y la cantidad, de tal forma que el gobierno y las instituciones puedan llevar a cabo ofertar en favor de esta población y así ejercer el derecho a la participación efectiva.
