Si bien en momentos como este, en los que el país hace frente a una grave emergencia de salud pública, se hace necesario poner en marcha todas las medidas posibles para mitigar la propagación del COVID- 19.
El decreto 106, anunciado ayer por la Alcaldía Mayor de Bogotá, no deja de generar cierto nivel de incomodidad y zozobra en toda la población con algún tipo de experiencia de vida Trans en la ciudad.
La segregación de lxs ciudadanxs partiendo de la división sexo/género binaria y normativa además de ser una medida retardataria, ha demostrado (por lo que se ha podido ver en otros países) ser una puerta abierta para los abusos de la autoridad pública, el acoso y desde luego la vulneración de los derechos de las personas disidentes de las normas del género y la sexualidad, sin duda ese tipo de gestión para mitigar la circulación de personas en el espacio público, pone en funcionamiento formas de vigilancia del cuerpo social y de los cuerpos individuales determinadas por nociones cisheteronormativas, lo cual pone en riesgo absoluto las existencias, ya de por sí complejas de las personas que no se ajustan a dichas nociones.
¿Por qué recurrir a estas medidas, teniendo en cuenta que, en otros municipios del país, se han puesto en marcha otro tipo de estrategias, como la de recurrir a los últimos números del documento de identidad y así establecer las restricciones para la movilidad?
La respuesta es muy simple: hacer más sencillos los mecanismos de vigilancia, qué mejor manera para controlar a lxs ciudadxnos que a través de las características físicas que les concede su “sexualidad”, entonces además de estar confinadas en sus casas, las personas van a estar siendo vigiladas por una suerte de sistema policivo del género, que determinará si pueden salir o no, según lo que sus cuerpos parezcan ser: “días pares mujeres, días impares hombres”.
Las personas con experiencias de vida Trans, viven su género de todas las maneras posibles, lo cual implica que en muchos casos sus corporalidades no se ajusten a los parámetros de la “normalidad”, por lo tanto, un contexto como el que vamos a enfrentar, las coloca en una especie de “no lugar”, si ya de por sí las condiciones de movilidad se ven restringidas para la población general, esta especie de “limbo” implica para las personas Trans una gran incertidumbre y por supuesto un miedo enorme a salir y tener que enfrentarse a una posible detención y abuso de la fuerza por parte de las autoridades.
Si bien el decreto al final cuenta con una aclaración que justamente busca aclarar la situación y garantizar el derecho a la movilidad durante la cuarentena para las personas Trans, quién estará en las calles garantizando el cumplimiento de la norma será la policía, lo cual genera varios interrogantes.
¿Bajo cuales parámetros se respetará la expresión/identidad de género de una persona?
¿En el caso de no haber realizado la corrección de nombre y componente de género en el documento de identidad, será respetada la identidad de género de las personas?
¿Qué pasa con las personas Trans no binarias o no conformes con el género, no podrán salir?
¿Al no entender ni reconocer la identidad autopercibida de las personas Trans, podrán lxs ciudadanxs cisgénero denunciarlas por no acatar la norma?
Es importante recordar la larga lista de abusos y desmanes que la policía nacional ha cometido contra la población Trans y sexo disidente durante años y el poco interés que ha demostrado dicha institución en impulsar verdaderos procesos de cambio en aras de mejorar la situación, en ese sentido, como organización social (Fundación GAAT) que vela por proteger y garantizar los derechos de las personas con experiencias de vida Trans criticamos severamente esta medida basada en un orden violento, jerárquico y desigual que perpetua una norma sexual obtusa e inservible para garantizar una temporada de confinamiento en las mejores condiciones posibles.
