Una década que avanzó en el reconocimiento de derechos, pero que agudizó la violencia contra las personas LGBTIQ+

En 2013 un comercial de televisión llamado ‘No hay derecho’ se pasaba por el Canal Uno, antes del noticiero CM&, que daba cuentas del abandono y la desprotección de las parejas del mismo sexo en Colombia. Este fue, entre otras muchas cosas, un ejercicio detonante que llamó la atención de la clase política y la opinión pública de que era urgente proteger derechos que, si bien un par de años atrás había iniciado un camino constitucional con la Sentencia C-577 de 2011 —que fortaleció un reconocimiento que se venía dando desde 1999 con el amparo de algunos derechos—, desde las sentencias de la Corte, ameritaba materialización de derechos. Del mismo modo, encontró un punto de inflexión en ese mismo año con la sentencia que el 30 de junio de 2011, faculta a las parejas del mismo sexo para formalizar su unión mediante un vínculo contractual.

En términos de agenda nacional, Colombia ha dado inicio —como resultado de la movilización social y la acción colectiva— a la superación del déficit de derechos, donde la visibilidad ha significado mayores riesgos, que se vio impulsada por el significado de la Constitución del 91 y su espíritu de fortalecer el Estado de Derecho y las políticas de bienestar. También la visibilidad se ha visto más significativa y en etapa de ascenso en el último decenio, que coincidió con el inicio de la ruta de la igualdad legal y la explosión activista del país, materializada en la consolidación de organizaciones, colectivas y liderazgos que han llamado la atención sobre violencias estructurales e invisibilizadas que han puesto en riesgo la vida digna y exigido la ciudadanía plena.

En terminos nacionales, regionales y locales, hemos tenido grandes avances: activismos LGBTIQ+, colectivas confromadas sobre todo por mujeres LBT, el empoderamiento desde el feminismo como teoría política para poner fin a la opresión y algunas buenas prácticas en lo territorial de que es posible en muchos lugares pensar proyectos de vida de personas sexo-género diversas, pero de otro lado, la impunidad y el estado de indefensión de muchas personas que sigen siendo victimas de violencia, una complicidad social que valida las violencias verbales, físicas y simbólicas y un contexto de pobreza y hostilidad que articula un continuum de violencia, sigue siendo una realidad cotidiana por la que tenemos que seguir luchando para que la igualdad sea costumbre.

Desde nuestro trabajo en Caribe Afirmativo, queremos compartir algunos hechos claves que en estos diez años nos han permitido avanzar en el reconocimiento de derechos, gracias al activismo y al trabajo de incidencia de la sociedad civil y otros temas de alta preocupación que dejan constancia que hoy más que nunca debemos promover formas creativas de la defensa de los derechos humanos que permita transformar realidades adversas que siguen haciendo difícil la vida para las personas LGBTIQ+ sobre todo en lugares periféricos y en personas que viven la interseccionalidad.

Hagamos un recorrido por estos diez años en dos niveles. En términos de avances:

1. Implementación de la primera ley que habla de personas LGBTIQ+

La ley 1448 de 2011 —-que empezó a ver su aplicación en firme en 2013— fue la primera ley que incorporó el enfoque de género, reconociendo las afectaciones que las personas LGBTIQ+ tuvieron en el marco del conflicto armado. Al día de hoy, en el Registro Único de Víctimas (RUV) hay 2.130 personas auto reconocidas como LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado, que fueron afectadas por hechos victimizantes como el desplazamiento forzado. De acuerdo con el RUV, 1.961 personas LGBTIQ+ fueron despojadas de sus territorios por grupos al margen de la ley. Esta situación también produjo el desligue de personas LGBTIQ+ de sus núcleos familiares.

Para el año 2023, aún persisten debilidades en la implementación de la Política Pública de Víctimas señaladas por la Corte Constitucional y que la Ley 1448 de 2011 no ha logrado superar satisfactoriamente. Esto puede deberse, en primer lugar, a la diversidad de víctimas ubicadas en las entidades territoriales quienes, según la ley y la jurisprudencia, deben ser atendidas con un enfoque diferencial, hecho que impone mayores exigencias a las administraciones locales. En segundo lugar, está el gran número de víctimas asentadas en los municipios con menor nivel de desarrollo, situación que complejiza su atención ante la ausencia de capacidades instaladas. Por último, las diferentes posiciones del nivel central y territorial frente a la política, sumadas a las consideraciones de la población víctima, han generado dificultades para el logro de los objetivos establecidos por la ley.

Esta ley, además, reconoció sujetos de reparación colectiva, referido a aquellas comunidades, grupos o movimientos sociales que sufrieron daños colectivos en el marco del conflicto armado, como vulneraciones graves a sus derechos humanos y derechos colectivos en este contexto de guerra. En materia de personas sexo-género diversas, son tres sujetos colectivos a los cuales impactó el conflicto en sus historias, siendo estos: Mesa Diversa, de la Comuna 8 de Medellín; el colectivo Crisálida, de San Rafael, Antioquia; y la Mesa LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar. Finalmente, entregó al CNMH la tarea de construir memoria de las personas LGBTIQ+ para que este tipo de violencias sean documentados y puestas en conocimiento de la opinión pública y, conociendolas, se construyan garantías de no repetición.

2. Aprobación del matrimonio igualitario

En Colombia, las personas LGBTIQ+ forman parte de un grupo que ha sido históricamente marginado y discriminado y ha sido la Corte Constitucional quien ha tenido un papel preponderante en el reconocimiento de derechos a personas homosexuales y ha ido extendiendo su protección, primero, al ejercicio de los derechos individuales sin discriminación, hasta llegar a derechos como el conformar una familia y contraer matrimonio. Es por ello que, a partir del 30 de junio de 2013, las parejas del mismo sexo en Colombia quedaron facultadas por un fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-577 de 2011) para acudir ante notarios y jueces de la República y formalizar su unión mediante un vínculo civil contractual e instó al Congreso a legislar con el fin de ser incluyentes con las parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Sólo hasta el año 2016, con la Sentencia SU-214 de 2016, se otorgó la posibilidad a las uniones homosexuales de contraer matrimonio civil en iguales condiciones de las que han tenido las parejas heterosexuales. Así lo declaro el alto tribunal al establecer que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados con posterioridad al 20 de junio del 2013, gozaban de plena validez jurídica. De esta manera, la Corte Constitucional buscó remediar el déficit de protección que existía en esta materia.

3. Acuerdo de paz con enfoque de género

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 26 de septiembre del año 2016, incorporó el enfoque de género como uno de sus principios transversales y esto implicó —e implica— un reconocimiento de igualdad y derechos constitucionales entre cada ciudadano, sin importar sus características biológicas. Esto se ve materializado en la implementación del enfoque de género, tanto en el sistema de justicia transicional, como en las instancias de participación.

A pesar de la importancia de este logro, el camino no fue fácil y la incorporación de la perspectiva de género provocó intensos debates en los que se refleja las transiciones necesarias para la sostenibilidad de la paz. Esto se mterializa con casos de victimas LGBTIQ+ represendatos en cada uno de los macrocasos de la JEP bajo el crimen de persecución motivada por su OSIEGD, en la búsqueda de más de 39 personas sexo-género diversas dadas por desaparecidas, en el capitulo de género en el Informe de la CEV y en una masiva participación en los Consejos Territoriales de Paz.

4. Duplas de género de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, como institución responsable de impulsar la efectividad de los derechos humano y, de manera específica, la Defensoría delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género, en cumplimiento de su propósito de promover, divulgar y defender los derechos de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ha consolidado un modelo de atención y acompañamiento en territorio a través de profesionales especializados en el tema, duplas de género.

Es así como en el año 2017, ante los altos índices de VBG en el país, la Defensoría del Pueblo presentó el Programa de Género del Sistema Nacional de Defensoría Pública, como un grupo especial que acompañará y representará judicialmente a las personas que son víctimas de Violencia Basada en Género (VBG), incluyendo mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

5. Política pública nacional LGBTIQ+ y Mesa de casos urgentes

Esta política pública fue adoptada mediante el Decreto ministerial 762 de 2018 y se constituye en una herramienta que permite adoptar medidas especiales bajo el principio de igualdad, para propender por la garantía de derechos de un sector social históricamente discriminado. Su necesidad se derivó de las condiciones particulares de discriminación, vulnerabilidad y exclusión social, laboral, educativa, entre otras formas de violencia. Es así como busca promover y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y a una tutela judicial efectiva: garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación de los sectores sociales LGBTI y promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura.

Por su parte, la Mesa de Casos Urgentes es una estrategia interinstitucional que se consolidó mediante un acuerdo de voluntades políticas para recepcionar y gestionar casos de vulneración a los derechos a la vida, seguridad e integridad, así como hacer seguimiento y crear acciones afirmativas por parte del Estado que propendan por mejorar la calidad de vida de la población LGBTQ+, garantizar y proteger el ejercicio de sus libertades y derechos humanos. Se encuentra en cabeza del Ministerio del Interior, al quedar así establecido por el decreto presidencial 2340 de 2015, establecer dentro de las funciones de la dirección de Derechos Humanos de esa corporación la función de diseñar programas de asistencia técnica, social y de apoyo, así como coordinar con las instituciones gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la población LGBTIQ+ y el ejercicio de sus libertades y derechos.

6. Guía de investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la Constitución, la legislación nacional y los compromisos internacionales, atendiendo a las solicitudes de los jueces de la República y de la sociedad, consciente del contexto de discriminación y violencia que siguen viviendo muchas personas en Colombia en razón a su orientación sexual y/o identidad de género, sea real o percibida, ha expedido una guía de buenas prácticas para cualificar las fases de investigación y judicialización de este tipo de violencias. Lo anterior, en el marco del Direccionamiento Estratégico 2020-2024, resultados en la calle y en los territorios, trazado por el Fiscal General de la Nación.

Es así como el propósito del documento es brindar herramientas para la identificación de las violencias fundadas en la OSIEGD y fortalecer las capacidades de los funcionarios de la FGN en la investigación y judicialización efectiva de los delitos asociados a estas violencias, así como su adecuado registro en los sistemas de información, garantizando el derecho a la igualdad y no discriminación de las víctimas. Un documento que sirve de guía para la atención de violencias fundadas en la orientación sexual o identidad de género (real o percibida) de la víctima, la cual fue sancionada el pasado 28 de octubre de 2022. Se está a la espera de la expedición de una directriz.

7. Informe de la CEV

El 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad presentó el informe final titulado ‘Hay futuro y si hay Verdad’, que comprende los hallazgos de los más de 50 años de conflicto armado en Colombia y los impactos individuales y colectivos en la población colombiana. El Informe Final se compone de 10 volúmenes que abordan diferentes ejes, siendo el volumen seis, el de mujeres y personas LGBTIQ. Este volumen de género se divide en dos secciones; el primero, aborda las violencias sufridas por las mujeres desde una perspectiva territorial, las violencias sexuales y reproductivas y la expulsión de las mujeres de la democracia. La segunda sección reconoce las violencias contra las personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado, siendo esta la primera Comisión de la Verdad en el mundo en evidenciar la violencia diferenciada que experimentaron las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas durante la guerra.

La sección LGBTIQ+ describe los antecedentes; el contexto. Analiza seis situaciones de las regiones de Arauca, Tumaco, Caquetá, Montes de María, el Urabá antioqueño y Cauca e indaga el porqué de estas violencias, desde una mirada sociológica del crimen de persecución. Además, describe las resistencias individuales y colectivas, los impactos y afrontamientos de las personas sexo-género diversas. En el apartado final, incluye ocho anexos sobre la metodología, la violencia sexual contra hombres cisheterosexuales, los sujetos de reparación colectiva y la persecución contra personas que viven con un diagnóstico de VIH.

Mencionado lo anterior, ahora es necesario destacar que, en este decenio, también se presentaron unos hitos negativos:

1. Aumento de violencia

El recrudecimiento de las violencias por actores armados ilegales que ejercen control territorial y social genera riesgos para la vida e integridad personal de personas LGBTIQ+, y el fenómeno de aprobación social conlleva a la perpetuación de las violencias. En Colombia, entre el año 2018 y 2022 se han registrado 791 asesinatos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, 4197 víctimas de amenazas y 578 casos de violencia policial.

Durante el 2022 se registraron 145 víctimas del delito de homicidio y/o feminicidio, lo cual indica que en Colombia cada dos días y medio fue asesinada una persona con orientación sexual y/o identidad de género diversa. El 62% de los casos de homicidios y/o feminicidios reportados en Colombia durante el 2022 correspondieron a hombres gais (47 victimas) y personas con experiencias de vida trans (49 víctimas: 25 hombres trans y 24 mujeres trans). También se registraron 104 casos de violencia policial y 3527 víctimas de amenazas, donde el 7,4% eran personas que realizaban actividades de liderazgos en la defensa de DD. HH o tenían un cargo como servidor público.

2. Intento de refrendar la adopción homoparental

En paralelo a la campaña en contra del Acuerdo de Paz, la senadora Viviane Morales convocó un referendo para que los colombianos decidan en las urnas quién debe adoptar a los niños huérfanos, y así impedir que lo hagan familias diversas.

Durante meses, organizaciones evangélicas y católicas han estado promoviendo esta causa y más de dos millones de personas apoyaron el referendo con su firma. Este busca que el pueblo apruebe un parágrafo adicional al artículo 44 de la Constitución, que diría que “la adopción es una medida de protección al niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia (…) conformada por un hombre y una mujer”. El discurso empleado fue el de la “ideología de género” repetidos movimientos similares en México, Brasil y Venezuela, que han logrado poner en jaque a sus respectivos gobiernos. Este discurso fue el caballo de troya para que ganara el NO en el plebiscito.

3. Bus del odio

En 2017, circuló un bus diseñado con el objetivo de frenar el avance en materia de derechos de las personas LGBTIQ+ y, en particular, por el avance de la tramitación de la ley de identidad de género. Tres años más tarde, con la ley de identidad de género en vigencia, diversas sentencias que reconocen derechos a personas LGBTIQ+ y un proceso constituyente en marcha, el panorama es completamente distinto.

Este bus tenía mensajes que promueven la transfobia y el biologicismo. Entre estos, se encontraban algunos como “tengo derecho a tener papá y mamá”, “nacimos mujer xx y hombres xy”. Este ejercicio estuvo inspirado en una campaña similar empleada en España para restringir los derechos de personas LGBTIQ+. En otros países, esta estrategia fue empleada bajo la denominada “ideología de género” como mecanismo vulnerador de los derechos humanos.

4. Amenazas panfletarias

Desde el año 2013, se registran amenazas contra personas LGBTIQ+ siendo declarada como objetivos militares por actores armados ilegales. Estas estrategias responden a las denominadas “limpieza social”, lo cual son exterminios sociales donde se perfilan a individuos, usualmente dando un ultimátum de 24 horas a personas, casi todas con conductas delincuenciales para que estas personas abandonen en territorio. Si bien este tipo de amenazas y accionar de grupos al margen de la ley no pueden ser mecanismos para reducir la delincuencia, preocupa cómo nuevamente ponen al lado de las conductas delictivas a personas de la población LGBTIQ+, declarándolas objetivo militar, prohibiendo su circulación y anunciando controles sobre el espacio público.

Entre 2013 y 2023, el Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo ha conocido, por lo menos, 70 panfletos donde se enuncian a personas LGBTIQ+. A las personas LGBTIQ+ se les asocia con prácticas delictivas de robos y expendios de drogas, así como impartir “conductas inmorales” y vivir con VIH o SIDA. .

5. Impunidad cotidiana

La impunidad frente a los casos de violencias contra personas LGBTIQ+ genera una alta preocupación. Para el 2022, de 145 casos de homicidios y/o feminicidios, el 74% se encuentra en etapa de indagación; esto quiere decir que los procesos sólo cuentan con noticia criminal o con un programa metodológico con la finalidad de recolectar evidencia física que dé cuenta de la posible existencia del hecho. De otro lado, el 9% está en etapa de investigación; es decir que la Fiscalía General de la Nación ha logrado recaudar elementos materiales probatorios que permiten indicar con probabilidad de verdad que los homicidios y feminicidios existieron y/o han logrado identificar al sujeto o sujetos que cometieron la conducta. A pesar de ello, del total de 145 víctimas asesinadas, sólo el 13%, equivalente a 18 casos, ha logrado llegar a etapa de juicio oral y, de esta manera, conseguir que un juez determine la presunta responsabilidad de una persona acusada y señalada de los homicidios y feminicidios. A corte del 31 de diciembre del 2022, el 4% de los procesos se encuentran inactivos.

En los casos de amenazas, la situación no mejora. Para el 2022, se registran 1.868 víctimas. De estas, el 53% tienen procesos en estado ACTIVO en la Fiscalía General de la Nación y 1.659, correspondiente al 47%, se encuentran en estado INACTIVO. De las 1.868 víctimas con procesos ACTIVOS, el 98,71%, equivalente a 1.844, se encuentra en etapa de indagación, y tan sólo el 1% de los procesos activos, es decir, 22 casos, han avanzado a etapa de investigación. Esto quiere decir que, de 1.868 víctimas con procesos activos, sólo 2 casos (0,1%) de ellas han llegado a la etapa de juicio oral.

6. Ausencia de políticas que garanticen calidad de vida en sus contextos.

Con respecto a la políticas públicas LGBTIQ+, solo un tercio de las ciudades principales cuentan con documentos financiados que tengan acciones para los derechos de personas LGBTIQ+. Lo anterior, sumado las dificultades en la territorialización de la PPLGBTI Nacional, el desfinanciamento de los municipios de 4°, 5° y 6° categorías, los cuales funcionan con las transferencias directas del gobierno nacional. Es decir, el avance en la toma de acciones sistemáticas para la garantía plena de los derechos de personas LGBTIQ+ es deficiente. Hoy más de diez departamentos y 40 localidades cuentan con políticas públicas LGBTIQ+, pero no son más que documentos sin acciones concretas o resultados específicos y sin un plan de acción claro concertado con la ciudadanía. Muchas de esas herramientas de política local están llegando a su fin, y no solo no signficó la mejora de la vida de las personas sexo-género diversas en esos territorios, sino que deja unas prácticas burocráticas e individualistas que minan la confianza social.

7. La xenofobia hacia la ciudadania LGBTIQ+ en movilidad humana

La crisis humanitaria del pais vecino, Venezuela, a partir del año 2015, con mayor énfasis en el año 2016, dio como resultado el incremento de flujos migratorios de personas de ese país en calidad de migrantes, retornados y refugiados. Entre ellos, muchas personas LGBTIQ`+ que cruzaban la frontera que, si bien en principio lo hacían por las mismas motivaciones que el resto de ciudadania, les asistía además la urgencia de buscar “paraísos de igualdadd”, pues, ante la ausencia de agenda pública en Caracas para garantizar sus derechos, resonaba mediáticamente —a veces con algo de ficción— los avances de Colombia. Pero tambien urgencias como la búsuqeda de medicamentos de las personas viviendo con VIH, que no se encontraban en su país, las falsas promesas de empleo para las personas trans, que las pusieron en riesgo de trata, y la búsqueda de la protección a las parejas del mismo sexo, que eran amenazadas en su territorio. Estas causas se cuentan entre los relatos de personas sexo-genero diversas que hoy cuentan con un Permiso Especial de Permanencia en Colombia (PPT) o desde Colombia migraron a otros paises.

Sin embargo, su flujo migratorio en un país pais que estaba aconstumbrado a expulsar, no a recibir ciudadania, les hizo víctimas de prácticas xenofobas que se agudizaron con expresiones misóginas, homofóbicas y transfóbicas, haciendo más difícil su vida en este país. La ausencia de protección estatal en las fronteras y los pasos migratorios, que ha sido copada por actores armados, hizo rápidamente que muchos migrantes LGBTIQ+ fueran víctimas de su violencia y reclutamento. La ausencia de servicios especializados en la atención migratoria, como albergues y servicios de salud, les revictimizó, sobre todo a las personas trans y las mujeres lesbianas. Además, la falta de políticas sociales ha hecho que la mayoría de ellos y ellas lleguen a engrosar la lista de pobreza y se vean expuestos a la violencia cotidiana que azota al país. .

Hay mucho por hacer, la urgencia de la violencia no da espera, pero este decenio que nos permitió consolidar las acciones colectivas y el litigio estratégico, logró romper el círculo de invisibilidad. Este impulso es el que nos debe convocar a superar el déficit de derechos aun existente, dando cuenta de transformaciones reales en la cultura ciudadana, que pasen de la indiferencia al reconocimiento de derechos y, esto, desde unas acciones territoriales y locales que cambien con esa lógica jerárquica de centro-periferia y que tengan como objeto, más que la enunciación de las personas LGBTIQ*, acciones reales, concretas y medibles que mejoren la calidad de vida de las personas sexo-genero diversas y, con hechos concretos, demos cuenta de que en este país las vida diversas son vidas que pueden ser vividas porque han sido dignificadas.