El desinterés de gobiernos del triángulo norte por proteger la vida de personas LGBTI y las barreras para el asilo que impone Estados Unidos, bloquean el camino hacia la seguridad de las personas sexualmente diversas.

Pese al incremento de las violencias contra las personas sexualmente diversas en el continente, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras no han abordado de manera eficaz las agresiones y la discriminación arraigada contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). Esto hace que muchas soliciten asilo en Estados Unidos, señaló Human Rights Watch en un informe que se divulgó recientemente. Sin embargo, como resultado de políticas implementadas por la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump, a esas personas les ha resultado casi imposible conseguir asilo.

El informe de 169 páginas, “‘Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos”, documenta la violencia que experimentan personas LGBT en los tres países del Norte de América Central que conforman el denominado Triángulo Norte, por parte de pandillas, funcionarios de aplicación de la ley y sus propias familias, entre otros.

Human Rights Watch concluyó que los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos.

“Las personas LGBT en el Triángulo Norte enfrentan altos niveles de violencia que sus propios gobiernos al parecer no pueden, ni quieren abordar”, señaló Neela Ghoshal, investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de Human Rights Watch. “Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”.

Human Rights Watch entrevistó a 116 personas LGBT provenientes de los tres países.

Algunas indicaron haber sufrido violencia por parte de familiares lo que originó que se fueran del hogar, en ciertos casos a muy temprana edad, con apenas ocho años. Otras contaron incidentes de acoso y discriminación que hicieron que dejaran la escuela. Muchas señalaron que el rechazo familiar y la discriminación las llevaron a una situación de marginación económica, particularmente en el caso de las mujeres trans o personas no binarias, y era probable que la pobreza agravara el riesgo de sufrir violencia.

A veces, las personas LGBT enfrentan violencia y discriminación por parte de los propios funcionarios de aplicación de la ley que tienen la responsabilidad de brindarles seguridad. Carlos G., un refugiado gay que viajó a Estados Unidos desde Honduras en 2018, señaló que había recibido disparos por parte de pandilleros, quienes le dijeron: “Hoy vas a morir, marica”. No se atrevió a hacer una denuncia policial por este incidente, dado que, anteriormente, policías lo habían acosado por ser gay y le habían exigido favores sexuales.

Pricila P., una mujer trans de El Salvador, manifestó que policías la obligaron a bajar de un autobús y la golpearon. “Uno de los policías tomó mis testículos y los apretó”, señaló. “El policía dijo: ‘Te das cuenta de que eres un hombre porque sientes dolor’. Me dijo que me iba a hacer hombre a la fuerza”. Pricila huyó a Estados Unidos en 2019, después de que pandilleros la agredieron, secuestraron a un amigo suyo gay y le advirtieron que ella sería la próxima.

Tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos. En una decisión emblemática de julio de 2020, un tribunal de El Salvador condenó a tres policías por el homicidio de Camila Díaz, una mujer trans que había sido deportada en 2018 después de intentar pedir protección en Estados Unidos. No obstante, un juez desestimó los cargos por delitos de odio que se habían presentado contra los agentes.

Dada la persecución que muchas personas LGBT enfrentan en el Triángulo Norte, el gobierno de EE. UU. debería proteger rigurosamente la posibilidad de que ingresen de manera segura en Estados Unidos y pidan asilo. En cambio, el gobierno estadounidense adopta cada vez más medidas para cerrarles las puertas. Estas medidas incluyen una serie de políticas que restringen el acceso al asilo y que, con una interpretación acotada de la definición de refugiado, excluyen a las personas LGBT de protecciones con las que contaban anteriormente.

Esta situación se ha visto agravada con la pandemia del covid-19, pues las medidas de prevención y aislamiento de cada país, ha dejado a estos migrantes LGBTI en procesos de asilo, varados en países como México, donde están siendo expuestos a todo tipo de discriminaciones y violencias a causa de su orientación sexual o identidad de género.

“Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deben actuar para erradicar la violencia generalizada contra las personas LGBT y asegurar que las leyes y políticas protejan a estas personas de la persecución, incluso por parte de policías”, señaló Ghoshal. “Mientras en sus países de origen las personas LGBT sigan siendo blanco de amenazas a su vida y a su seguridad por su identidad, EE. UU. debería recibirlas con los brazos abiertos en lugar de cerrarles todas las puertas”.

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