El pasado 25 de febrero, la Fiscalía imputó un listado de cargos a Amanda Azucena Castillo, la ex rectora del Gimnasio Castillo Campestre.
En agosto de 2014, la opinión pública colombiana tembló tras el suicidio de Sergio Urrego, un joven de 16 años que decidió acabar con su vida luego de la fuerte homofobia a la que fue sometido por las directivas del colegio al que asistía. Sus palabras, su despedida y más adelante, sus remarcables resultados en las pruebas estatales; se volvieron un nuevo eslogan de la lucha contra la discriminación homosexual en el país.
Después de muchas denuncias de los medios, de sus amigos, compañeros y familiares, el caso parecía agotarse en su propio ruido, pero la Fiscalía decidió tomar cartas en el asunto y no dejar pasar la muerte de Sergio en vano.
Entre los cargos que debieron enfrentar tanto la ex rectora, como la psicóloga de la institución Ivonne Andrea, se cuentan discriminación agravada, constreñimiento ilegal, inducción o ayuda al suicidio, ocultamiento de pruebas y falsa denuncia.
La psicóloga y el profesor de educación física Mauricio Esteban Ospina, ya se presentaron al búnker de la Fiscalía a rendir interrogatorio el pasado 22 de septiembre. En cambio, Azucena Castillo consiguió dilatar su declaratoria.
Un importante punto de giro en este caso, es que el ente acusador incluyó en la denuncia a la pareja de Urrego, quien claramente es otra víctima de este caso de “matoneo institucional”.
Recientemente, la Corte Constitucional accedió revisar el caso, pues el Consejo de Estado revocó el fallo de tutela que reconocía la discriminación. Alba Reyes, madre del menor; Colombia Diversa y el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; son los responsables de la petición de revisión.
Por ahora, no se conoce más información, pero es claro que la muerte de este joven “anarquista, ateo y homosexual” no es el único caso fuerte de discriminación en Colombia, pero es, tal vez, la gota que derramó el vaso, por ahora. O como menos, la nueva piedra en el zapato para la homofobia en el país.
