El sacrificio que Martha Sulay González le otorgó a Colombia para que más mujeres no tuvieran que morir porque el estado no les permitía hacerse un aborto, es un motivo para entender que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es garantizar el derecho a la vida y la autonomía reproductiva.
¿No recuerdas su historia?
Hace 14 años Martha se convirtió en el símbolo de la despenalización del aborto, luego que se le negara la realización oportuna de los tratamientos contra un cáncer intrauterino, debido a que se encontraba en embarazo y estos afectarían el desarrollo de la gestación del feto.
González falleció en junio del 2007, un año después de la aprobación de la Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, dejando huérfanas de madre a cuatro niñas (una de ellas fruto del embarazo que no pudo interrumpir) y sin cumplir su sueño por el que tanto luchó, dejarle a sus hijas un techo donde vivir.
Desde ese entonces, en Colombia el aborto o interrupción voluntaria del embarazo se puede llevar a cabo en tres causales: Riesgo para la salud o vida de la mujer, malformaciones fetales que son incompatibles con la vida al nacer y embarazo producto de una violación o abuso sexual, incesto e inseminación artificial no consentida. Sin embargo, ésta no es una historia sólo del siglo XXI.
Históricamente, la penalización del aborto le ha arrebatado a la mujer la capacidad de decisión sobre su cuerpo y su proyecto de vida, un ejemplo de esto es que en 1936 el Código Penal en su artículo 389, sólo permitía disminución o exclusión de pena, si éste se realizaba para salvar el honor, entendiendo a la mujer como un objeto y no un ser que pudiera a afrontar su propia sexualidad.
Debido al alto índice de abortos inseguros que se estaban llevando a cabo durante la década de los 60, se generaron movilizaciones que buscaban proteger los derechos de la mujer para prevenir los fuertes daños en la salud que se generaban, pero sólo en 1976 se lograron presentar siete proyectos de ley para su despenalización ante el Senado, aunque ninguno de estos pasó del primer debate.
Ahora, la discusión sobre el tema tiene un contexto social diferente que debe avanzar más allá de preceptos morales, para comprender que, como lo mencionan múltiples organizaciones y activistas del tema, se debe debatir y hablar desde la perspectiva de tres enfoques estratégicos: La educación sexual para elegir, los métodos anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir.
¿Esto por qué? Sencillo, según la Encuesta Nacional de Demografía en Salud en el 2015, ENDS 2015, en Colombia el 50,5% de los embarazos son no deseados y cerca del 45% de las mujeres en el país entre los 13 y 49 años tiene desconocimiento sobre el contexto legal del aborto.
Se ha comprobado históricamente que la penalización de la intervención voluntaria del embarazo no evita que un cuerpo gestante (es decir, mujer cisgénero, hombre trans o cualquier persona que posea la capacidad biológica para lograr la gestación) opte por el aborto, simplemente le abre las puertas a que lleve a cabo este procedimiento en condiciones insalubres e inseguras, evidenciando así problemas de equidad de género, salud pública y justicia social.
Según uno de los informes del Relator Especial sobre la Tortura – OHCHR – de la ONU, “negar el acceso al aborto equivale a una forma de tortura y de malos tratos que genera sufrimiento y dolor grave”, es por esto que permitir una interrupción voluntaria del embarazo segura es proteger la vida, no desde la promoción de un procedimiento médico, sino como la defensa de una opción que se debe hacer tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesaria.
Una opción que sólo se puede tomar de manera libre, informada y con un acompañamiento con el cual no cuentan la mayoría de las mujeres, más cuando se trata de aquellas de más bajos recursos o en estado de vulnerabilidad, quienes son, finalmente las principales víctimas de las múltiples barreras que atentan contra su autonomía reproductiva, penalizándoles su cuerpo.
Aunque actualmente existen diferentes organizaciones que acompañan a la mujer en este proceso a lo largo del país, como el consultorio médico A Tu Salud. Un aborto legal y de calidad es desmitificar la gestación como un castigo y comprender que la educación, la prevención y el acceso a servicios de salud integral, como política de estado puede ayudar a que otras Martha Sulay puedan cumplir su sueño, garantizando que éstas tengan la capacidad de decidir no sólo sobre su cuerpo sino también sobre su proyecto de vida.
