“Lo personal es político”, ha sido el lema del feminismo desde los años 60. Reivindicando que la desigualdad de género son problemas públicos, que requieren de una serie de decisiones políticas para visibilizarse y afrontarse.

Hoy, en el 2019, sesenta años después, es claro que lo personal sigue siendo político y que sectores poblacionales como el LGBTI siguen siendo invisibilizados, discriminados y atacados; para las “maricas” (como se resume a esta población) la política sigue siendo un medio para normalizar la discriminación, en la medida que desde esta se pretende que todos sigamos estereotipos que niegan la existencia de sexualidades disidentes. En medio de un año electoral es pertinente hablar de diversidad sexual y elecciones locales.

A través de los años muchos han sido los esfuerzos de movimientos feministas y por la diversidad sexual para hablar de género desde la política. Y si bien hay avances innegables continuamos viviendo en una sociedad profundamente cerrada, discriminadora y desigual. Las políticas públicas locales, tan importantes porque son las más cercanas al ciudadano, aún no logran dar un avance a transformar la realidad de exclusión y vulnerabilidad en la que muchas personas se encuentran debido a que no encajan en los condicionamientos sociales y culturales de lo que “debe ser” un hombre y una mujer.

La administración pública aún no entiende que hay distintas formas de amar y también de ser hombre y ser mujer.

En otras palabras, el Estado ha sido incapaz de reconocer en profundidad la diversidad sexual y de género. Entre estas últimas, incluso, me atrevo a afirmar que la diversidad sexual ha recibido la mayor parte de los precarios esfuerzos institucionales por atender el tema; los gais, lesbianas y bisexuales han sido favorecidos dentro de las políticas de diversidad para la sigla LGBTI. Mientras que, las diversidades de género están relegadas a lo más pobre de las políticas públicas y de la ciudad. En otras palabras, lo poco (y no por eso de calidad) que realiza el Estado se va para atender los problemas de la población gay, lesbiana y bisexual; mientras la población trans, que es un mundo en sí misma, está en condiciones precarias.

Lo anterior responde a que se naturalizan más las diversidades sexuales que de género, en la medida que se camufla más el ser gay, lesbiana o bisexual, que el realizar el tránsito entre géneros. A los ojos de la sociedad es más “normal” el “marica” que una trans. Así, no hay un compromiso real con la población transgénero y transexual. Los protocolos establecidos para evitar su discriminación, incluso por parte de funcionarios, no han logrado avances profundos. Y dentro de lo LGBTI, las personas trans son quienes tienen los mayores problemas de desigualdad en el acceso a oportunidades, cómo empleo y educación; así como son quienes sufren predominantemente de pobreza y amenazas.

Para las personas trans (transgénero, transexual y travesti) hay una condena, casi inequívoca, a la pobreza, la discriminación y la exclusión. Es la política de exterminio con el diferente.

Es justo mencionar que, en Medellín existe una política pública de diversidad sexual desde el 2011. Sin embargo, la ciudad lidera las cifras nacionales de violencia contra la población LGBTI. Las cifras de asesinatos a personas a causa de su orientación sexual y/o identidad de género no disminuyeron entre 2011 y 2014, y, por el contrario, han aumentado. Aún hoy hay considerables denuncias sobre amenazas, desplazamientos, agresiones, expulsiones del hogar, discriminación en espacios públicos y otros tipos de violencias. Es alarmante, en promedio una mujer en Colombia tiene una esperanza de vida de 71 años, mientras que una mujer trans tan solo de 35 años.

Por eso, la importancia de 4 elementos: una política pública integral, una Alcaldía decidida a implementarla, un Concejo Municipal que realice control político y una ciudadanía que demande acciones y vigile a dicho gobierno. Vamos a luchar por incluir en la agenda de las elecciones locales la diversidad sexual y de género.

El Concejo y Alcalde de Medellín que se elijan para el periodo 2020-2023 tendrán la misión de liderar la evaluación y actualización de la Política Pública de diversidad sexual.

De la decisión que se tome en las elecciones el 27 de octubre de 2019 depende gran parte de los avances que se puedan realizar en materia de diversidad sexual y de género en Medellín. ¿Vamos a dar el salto a una administración verdaderamente comprometida con disminuir los indicadores de violencia y falta de acceso a oportunidades? ¿Podrá Medellín empezar a cambiar los paradigmas culturales que han garantizado que la población LGBTI sea discriminada en la ciudad?

¿Pero que es la política y qué es lo político? La política, en últimas, ha sido entendida como la política tradicional: ser elegido a cargos públicos, diseñar políticas públicas; en cambio, lo político hace referencia al poder, a las dinámicas de conflicto que van más allá del gobierno y están plasmadas en las raíces de nuestra sociedad. Lo político es el poder en sí mismo. En este sentido, es necesario que a partir de la política se generen políticas de inclusión para disminuir la enorme desigualdad que rodea a la población LGBTI; esto, con el fin que el debate y el problema en lo político, más estructural y de largo plazo, empiece a cambiar.

La política puede transformar lo político. Quiero invitar a la población LGBTI de abstenerse a votar por candidatos que no manifiesten explícitamente su apoyo a las demandas de este sector poblacional. Lo políticamente viable ha sido no abanderarse de estos temas; se dice que es un suicidio político defender la diversidad sexual y de género en una región conservadora como Antioquia; señores y señoras candidatos: el suicidio es no realizar cambios estructurales en nuestra sociedad. Se mata, excluye y condena a la pobreza por ser trans; se discrimina, violenta y se deja sin hogar a personas por ser gay o lesbiana, ¿y aún creemos que lo importante es no abanderarse de la diversidad? Para estas elecciones mis votos son por la diversidad sexual y de género en Medellín.

¿Cuántos candidatos se atreven a decir públicamente y sin vacilar que apoyan las demandas de la población LGBTI? Que esto es un suicidio político, dirán. Pero, ¿qué mejor suicidio que la utopía? No votaré ni promoveré el voto por cualquier candidato que no haya, previamente, manifestado reconocer: 1. Que la población LGBTI ha sufrido una discriminación estructural. 2. Que el gobierno local ha tenido esfuerzos insuficientes. 3. Que tiene la voluntad para llevar a cabo las transformaciones necesarias, a pesar de la oposición que tendrá de sectores conservadores y retardatarios.

Como ciudadano votaré por un candidato que entienda que nos están discriminando, que el Estado no ha tenido políticas decididas para evitarlo y que ese candidato/a se compromete públicamente a cambiar ello. Les vamos a hacer veeduría. Los vamos a estar vigilando.

Porque la ciudadanía “marica” en Medellín está cansada de la discriminación y la falta de decisión política para atacarla.

Lydia Ortiz

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