El Observatorio de Derechos LGBT y el proyecto UNICXS, presentaron el Informe Anual de Derechos LGBT 2016, el cual evidenció 416 vulneraciones de derechos a personas LGBT en el Perú.
De este total de vulneraciones, unas 18 personas fueron asesinadas de manera brutal, y 16 de esos casos pudieron ser tipificados como crímenes de odio. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, pese a que existe un subregistro de vulneraciones de derechos que fueron recibidas por organizaciones de base y ONGs, muchos casos no son judicializados.
Pese a la información recolectada en estos informes, que reflejan el riesgo permanente que enfrentan las personas LGBT, los gobiernos locales optan por ignorar la violencia que se comete contra esta población. Un ejemplo de estas prácticas homolesbotransfóbicas, institucionalizadas y sistemáticas, son los planes de “seguridad ciudadana” municipales.
Lejos de salvaguardar la integridad de las personas, proponen erradicar y/o sancionar a los homosexuales, como es el caso de la Municipalidad de San Martín de Porres, Barranco, Cieneguilla, Ate, Independencia, San Luis y la propia Municipalidad de Lima.
#Perú registró 16 crímenes de odio contra #LGBT en 2016 https://t.co/Osxd25UsJi pic.twitter.com/n3QZEy02oH
— teleSUR TV (@teleSURtv) 22 de septiembre de 2017
Asimismo, este informe visibiliza el derecho a la identidad de las personas trans, como un gran pendiente de la deuda moral y legal que aún mantiene el Estado, para garantizar una ciudadanía plena de las personas trans. El reconocimiento de este derecho, va más allá de ser nombradas/os con el nombre que refleja su identidad. La falta de un DNI, lxs coloca en una situación de vulneración, por impedir su acceso a los servicios de salud, trabajo, educación y seguridad personal.
Solo en Lima y Callao viven cerca de 23 mil mujeres trans. De las cuales 89% no tienen seguro de salud, 50% abandonó los estudios y 10% no cuenta con un documento de identidad. A pesar de esta situación, el Perú no tiene un marco legal que proteja a la población diversa.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoció la importancia del informe elaborado por el observatorio de derechos LGBT, para construir la data que podrá ser plasmada en un registro oficial, al igual que su utilidad en los sustentos para la inclusión en la Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, tal como lo ha señalado Edgardo Rodríguez, Director de Políticas y Gestión del MinJus.
