“Las mayorías no están llamadas a definir la clase de hogar que un niño debe tener”, es la respuesta de la Procuraduría que expresa que la familia puede estar constituida por un padre, una madre o una pareja.

“El referendo no es el mecanismo idóneo para garantizar el derecho del niño, niña y adolescente a tener una familia”, con estas palabras la Procuraduría General de la Nación se opuso este martes al proyecto de ley de referendo, liderado por la senadora Viviane Morales.




Morales pretende con este proceso restringir la adopción de niños únicamente a las parejas conformadas por hombre y mujer. De ser aprobada la iniciativa, las personas solteras y las parejas conformadas por personas del mismo sexo quedarían excluidas.

“Lo importante es garantizar el derecho de los niños y niñas a tener una familia, la cual puede estar constituida por un padre, una madre, o una pareja”

La Procuraduría, con la dirección de Fernando Carrillo, ha dado un giro radical frente a la población LGBT. En la anterior administración, en cabeza de Alejandro Ordóñez, la propuesta de Morales tenía toda la acogida.

La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, resaltó en que “las mayorías no son las llamadas a definir la clase de familia que un niño, niña o adolescente declarado en adoptabilidad debe tener, porque no es un tema que pueda definirse en las urnas”.




Advirtió que “si lo que se pretende es garantizar la idoneidad física, mental, moral y económica de los que se postulan como padres adoptantes, ello solo puede hacerse caso a caso, después de los estudios y análisis propios de este proceso”.

Aún hacen falta dos debates en la Cámara de Representantes, después de ello se supone que los colombianos iremos a las urnas.

Sin embargo el Ministerio de Hacienda, por su parte, tampoco le dio su visto bueno al proyecto de ley de Morales ya que tendría un costo de aproximadamente $280 mil millones y no está contemplado en el presupuesto general de la nación para 2017, y desborda la capacidad financiera del Estado.

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