“La palabra que más vamos a mencionar es acción de tutela, va a ser nuestra arma”, declaró Andrea Archila (@andre.archila) en el Instagram Live que realizó con la Diva Rebeca (@soyomarvasquez) gracias al apoyo de Laboratorios Richmond Colombia (@richmondlab_col).
Esta abogada especialista en derechos humanos y comunidades vulnerables nos enseñó sobre los mecanismos que tienen las personas que vivimos con VIH para hacer valer nuestros derechos.
Primero lo primero: Recordar que los derechos humanos son para todos. Entre ellos, la igualdad es la base que fortalece el acceso a los demás derechos. Así, “la no discriminación debería ser la bandera y la base estándar para decir: cuidado, conmigo no se meta, porque yo tengo derechos y tengo los mismos que usted tiene”, explicó la abogada.
Algunos de los derechos que tienen las personas que viven con VIH en Colombia son a la privacidad del historial clínico y la intimidad, por lo que no están obligados a divulgar su diagnóstico; al acceso al tratamiento integral, por lo que las EPS deben suministrar el tratamiento aún así si la persona deja de cotizar por alguna razón; y a la no discriminación en ningún ámbito debido a su estado.
Incluso, la abogada habló de la estabilidad laboral reforzada, que hace referencia a que el estado protege a las personas seropositivas como lo hace con las quienes tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. Así pues, la Constitución asegura que la persona tenga acceso al tratamiento por el tiempo que dure. Por ejemplo, si se trata de un cáncer, lo que dure los procedimientos; pero en el caso del VIH, es una protección de toda la vida ya que el los medicamentos son vitalicios.
Así lo dicho, se reconoce que la manera de acceder a los tratamiento es a través de la EPS y por eso les da una protección especial en términos laborales. Es decir, que por ninguna razón relacionada con el diagnóstico se puede despedir a una persona, pues se le vulneraría el derecho a la salud.
“Tampoco es que nos vamos a descualquierar y vamos a ser malos trabajadores, no, porque esa protección tampoco es eterna. La empresa puede solicitar al Ministerio de Trabajo permisos para despedir a un trabajador con justa causa sin importar esta condición”, aclaró la abogada.
En caso tal de que uno de estos derechos sea vulnerado, la persona tiene varias vías legales para acciones. Aquí hablaremos de ellas:
Acción de tutela
La acción de tutela es la herramienta principal para hacer valer los derechos con un tiempo rápido de respuesta de 10 días hábiles. Una ventaja es que no se necesita un abogado para realizar una y la persona puede descargar un formato de internet y presentarlo.
Sin embargo, la abogada señaló que dependiendo del caso, sí es bueno que se busque un profesional para que quede muy bien redactada, ya que una vez es presentada, no se puede volver a presentar la misma tutela y puede correr el riesgo de que no falle a su favor por errores en la redacción del texto, como no mencionar el total de los derechos que se están exigiendo.
En caso tal de que la persona no tenga dinero para pagar honorarios, puede recurrir a opciones como consultorios jurídicos de universidades o Personerías que les ayudan sin ningún costo.
Derecho de petición
El derecho de petición es un recurso que permite a los ciudadanos hacer solicitudes a instituciones para que les suministren información de interés general o particular. Cualquier persona puede presentar uno, hasta puede ser escrito a mano. Es importante tener en cuenta que el tiempo de respuesta es de 30 días hábiles y muchas veces en temas de derechos se necesita una respuesta más oportuna.
Quejas
Otra alternativa son las quejas ante Superintendencias o Ministerios, dependiendo del caso. Es importante que la persona identifique qué es lo que necesita o quiere recibir para decidir si es mejor irse por una tutela o derecho de petición, o si tal vez es mejor una queja.
Por ejemplo, volviendo al tema laboral, si una persona es discriminada en su trabajo, a través de una tutela puede exigir el reintegro a su puesto laboral; mientras que con una queja al Ministerio de Trabajo puede exigir una indemnización.
Recordemos que además las personas que viven con VIH tienen un enfoque diferencial en cuanto a la protección de sus derechos, ya que la Constitución reconoce que han sido sujetos sistemáticas vulnerados. Así que conozcamos nuestros derechos y las vías para hacerlos respetar para no permitir un solo caso de discriminación.
