Un informe revela que en Perú son habituales las violaciones correctivas para “curar” a lesbianas o para castigarlas por su homosexualidad.
Mujeres homosexuales se ven sometidas a lo que denominan violaciones correctivas en Perú según desvela el informe anual sobre los derechos humanos de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales encargado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y la Red Peruana TLGB.
“Lamentablemente es una práctica que tiene cierta recurrencia”, reconoce Margarita Díaz Picasso, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. Los casos “no están documentados, no es usual la denuncia, pero los he escuchado desde 2005”, confirma María Isabel Cedano, directora de la organización Estudio para la Defensa de Derechos de la Mujer (Demus), una activista con 25 años de experiencia, 10 de ellos en el ámbito del feminismo. El informe no habla de cifras, pero recoge testimonios, situando los casos en un contexto.
Kattia Montenegro es una estudiante de 21 años de Arequipa, una ciudad del sur de Perú que cuando todavía no había hecho pública su sexualidad, tenía que soportar las amenazas de su hermana cuando le decía “te voy a mandar violar para que te hagas mujercita”. “Probar un varón” serviría para enderezarla, le decía su hermana. La primera vez que la amenazó se asustó, pero la segunda vez, decidió confesar a sus padres su orientación sexual y hablarles del acoso que sufría por parte de su hermana. Pero las amenazas, insultos y agresiones continuaron, por lo que decidió denunciar acudiendo a un servicio público gratuito, Centro de Emergencia Mujer, que proporciona orientación legal, defensa judicial y asesoramiento psicológico a víctimas de violencia familiar y sexual. Allí encontró el apoyo que necesitaba para soportar un proceso que duró un año. Ganó el juicio y su hermana fue obligada a someterse a un tratamiento psicológico y a compensarle económicamente. “Para entonces ya era activista y eso me dio la capacidad para denunciar, Sabía qué hacer, dónde acudir”, explica Kattia, cuyo caso es una excepción.
Otra joven sin identificar, denuncia que fue violada en su propia casa por un amigo de la familia que pretendía “curarme”. Así lo entendió ella por lo que su violador le decía durante el ataque haciendo referencia a que no está bien “ser como eres” o que una mujer que llora por otra, no es correcto”. Si bien trató de olvidar esta humillación no tardó en darse cuenta de que estaba embarazada.
Un caso similar es descrito por Marxy Condori, del Movimiento Lesbia de Arequipa, donde describe el caso de una lesbiana que fue violada por su propio tío “para hacerla mujer”. Desde el Movimiento le aconsejaron denunciar a su tío, quien podría repetir la agresión, pero su madre trataba de disuadirla.
Estos ataques son el resultado de la violencia del sistema de presión del patriarcado, según Maribel Reyes, secretaria nacional de la Red Peruana TLGB, que asegura que “el propio término, violación correctiva, ha nacido de ese enfoque de presión que dice que hay que castigar todo lo que se salga de la norma establecida: la mujer heterosexual y sumisa a la sombra de un hombre”. Por eso, “no creo que los que someten a mujeres lesbianas a estos procesos crean que van a cambiar su orientación sexual, sino que lo hacen a modo de castigo”.
Según otra investigación, referida exclusivamente a la capital peruana del colectivo No Tengo Miedo, en 2014 de cada diez lesbianas, entre cuatro y cinco habían sufrido violencia familiar. “En el caso de las lesbianas, el 22 % de la violencia familiar es sistemática” y “en el 75 % de los casos de violencia familiar se utiliza la heterosexualidad obligatoria como mecanismo de control”.
Perú no es el único país donde se producen las violaciones correctivas, también se conocen casos similares como los expuestos en India, Zimbabwe, Sudáfrica o Ecuador. En julio de 2007 una pareja de lesbianas era violada y asesinada en Sudáfrica, como consecuencia, varios grupos de defensa de los derechos humanos crearon la campaña 07/07/07, para reclamar el fin de los crímenes de odio contra la población LGBT. En 2012 se clausuran Ecuador varias clínicas para “curar” homosexuales en las que la violación era un método habitual.
El gobierno peruano no cuenta con una política nacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Tampoco tiene tipificados los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT, aunque ha habido alguna iniciativa parlamentaria para cambiar esta realidad. El congresista Carlos Bruce, de la formación Perú Posible, presentó en 2009 el Proyecto de Ley Contra los Crímenes de Odio, volviendo a presentar su borrador en 2013, modificado y sin el término “crímenes de odio”. Finalmente lo que se aprobó fue la Ley Contra Acciones Criminales Originadas por Motivos de Discriminación, que distaba mucho de su borrador original y excluía deliberadamente a la comunidad LGBT.
