egoCity conoció el documento que el director de la ONG, Mauricio Albarracín, llevó hasta La Habana como parte de la Subcomisión de Género en la Mesa de conversaciones entre el Gobierno y las FARC-EP.

Intervención de Colombia Diversa en el proceso de paz

Colombia Diversa

La Habana, Cuba

6 de marzo de 2015

Intervención de Mauricio Albarracín, Director Ejecutivo de Colombia Diversa, en la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Colombiano y las FARC – EP.

(Lea el texto completo en PDF aquí)

Quiero iniciar esta intervención con dos reconocimientos. En primer lugar, al movimiento de mujeres pues con su movilización social ha abierto este espacio dentro de la mesa de conversaciones para discutir el enfoque de género en el proceso. En segundo lugar, quiero agradecer a las partes sentadas en esta mesa por invitar a dos organizaciones LGBTI a participar de este espacio.

Señoras y señores. Hace 35 años nosotros éramos criminales; personas sin voz; sin derechos; sin reconocimiento social ni jurídico. Hace 17 años no podíamos ser profesores de escuelas públicas ni privadas. Hace 8 años no teníamos derechos como parejas, es decir, no podíamos compartir nuestros derechos ni bienes. Hace 4 años nuestras familias no eran protegidas por la Constitución. Aún hoy se nos niega la igualdad y se perpetúan estereotipos. Todavía hoy no somos considerados hermanas y hermanos con plenitud de derechos.

Esto ha cambiado porque decidimos levantar la voz, organizarnos y luchar contra la injusticia. Decidimos decir: ¡basta ya! ¡Nunca más! No más humillaciones, no más condescendencia ni justificaciones hipócritas de la discriminación. Decidimos profundizar la democracia con todos los medios pacíficos y civiles para enfrentar la negación de nuestra humanidad. Gracias a un trabajo serio, coherente y firme, hemos ganado en las cortes aquello que nos arrebató el fanatismo. Pero lo más importante es que hemos ganado en las mentes y corazones de millones de colombianas y colombianos que hoy rechazan la discriminación y están hombro a hombro con nosotras y nosotros.

Todas nuestras luchas se han dado en el mismo período de tiempo que el conflicto armado. No hemos sido indiferentes a esta realidad. Nos duele el conflicto, no sólo por las víctimas (que nos duelen mucho y también son nuestras víctimas), sino también por los efectos nocivos que ha traído para nuestra democracia. La violencia destruye todo lo que toca, exacerba los temores, los reconres, las venganzas y los prejuicios. La violencia carcome nuestras relaciones cotidianas y políticas; hace enemigos a quienes antes eran hermanos.

Por el dolor que hemos sufrido, y para evitar más dolor, creemos en este proceso de paz; creemos que esta Mesa es capaz de sacar adelante un mejor futuro para Colombia y que permitirá que nuestra generación y la de nuestros hijas e hijos vivan en paz. Nuestra creencia no es ingenua. Sabemos que será difícil; que los retos son inmensos y que no siempre se logra el objetivo que queremos. Se los puedo decir por experiencia propia: la lucha por la igualdad se parece a la lucha por la paz. Hace un par de semanas la Corte Constitucional decidió sobre la adopción igualitaria y solamente reconoció a nuestros hijos e hijas biólogicos. Pero seguiremos, porque la igualdad es la búsqueda de un principio fundamental para la vida como lo es la paz. Por eso las y los invito a no desfallecer hasta a la finalización de este conflicto armado.

La paz es diversidad. Es el reconocimiento del otro y la otra. Es entender que el cuerpo es el primer territorio de paz. La paz es la construcción de un futuro donde todos podamos vivir armónicamente y mejorar nuestra sociedad con acuerdos razonables, no siempre perfectos, pero posibles para cambiar nuestras vidas aquí y ahora.

Papuchina es una mujer transgénero sobreviviente de la persecución por grupos paramilitares de Puerto Boyacá. Botalón, un comandante paramilitar, desapareció forzosamente a dos jóvenes transgénero a finales de los años 90 y desplazó a Papuchina. Una de ellas tenía 14 años. Eran una pequeña comunidad LGBT visible en el municipio y muy queridas por el pueblo. Probalemente fueron descuartizadas y arrojadas al río según el patrón de violencia documentado por la Fiscalía. Recientemente, el tribunal superior de Bogotá condenó a este paramilitar por sus innumerables crímenes. Papuchina dijo en su testimonio que:“Vivir en Puerto Boyacá no era fácil para ningún niño y menos si era gay. Muchos nacieron, pero pocos se criaron”[1].

Permítanme usar las palabras de Papuchina para ilustrar 4 aportes técnicos a los acuerdos ya firmados y los que están preparando. A continuación propondré elementos para los acuerdos sobe el “nuevo campo colombiano”, “la participación política”, los derechos de las víctimas y la implementación de lo pactado.

I. Hacia una nueva ruralidad democrática

Los corresponsales extranjeros regularmente nos preguntan sobre los derechos de las personas LGBT. He optado por una respuesta compleja: Colombia es realmente dos países. El país de los derechos y la institucionalidad donde los derechos de las personas LGBT al menos son reconocidos y ejercidos, y el país de la violencia y el abandono del Estado donde las personas LGBT ni siquiera viven fuera del clóset ni pueden ejercer sus derechos. Nuestros propios datos y experiencias nos llevan a pensar así. No es lo mismo ser gay o travesti en Puerto Boyacá que en Bogotá. No es lo mismo ser una persona LGBT en el campo que en la ciudad. Las personas LGBT abandonan sus lugares de origen buscando las grandes ciudades porque allí encuentran espacios de protección ante la discriminación y los prejuicios. Eso pasa en todas partes del mundo. Lo que ocurrió en Colombia es que estos prejuicios se vieron profundizados por el uso de la violencia.

El campo y las áreas rurales en Colombia deben transformarse estructuralmente. Compartimos la idea expuesta en el acuerdo de tierras que dice que el territorio rural debe ser “un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural” donde se promueva la igualdad, se aseguren los derechos y se erradique la violencia.

Compartimos los elementos del acuerdo firmado porque reduce la inequidad y el abandono del campo, pero queremos agregar un aporte para realizar la gran transformación cultural que se está buscando. Se trata del fortalecimiento de la educación rural, tal y como lo plantearon en el punto 3.2.2 del borrador de acuerdo de tierras. Sugerimos a la Mesa de conversaciones incluir como elemento específico de esta educación la implementación de un programa de reconocimiento de la diversidad sexual y de gn laboral de la pon las protecciones laborales del borrador de acuerdo (ver punto 3.3.5) “as mujeres y de la poblacil b.)nte losénero, así como la eliminación de la educación sexista, homofóbica y toda aquella que perpetúa los estereotipos y prejucios. Esto se puede lograr a través de los mecanismos de educación formal, pero también de educación popular y de “pedagogías para la paz” y pedagogías sociales para la reconstrucción de confianzas y solidaridad social.

Una nueva ruralidad democrática implica que nuestras campesinas y campesinos tengan los mejores recursos materiales y culturales para construir un gran país.

Respecto a este punto, permítanme agregar otras dos propuestas relacionada con el buen vivir. Es indispensable que se reconozcan explícitamente los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas y colombianos de las comunidades rurales. Esto podría ser incorporado en el punto 3.2, literal b. Adicionalmente, sugerimos incluir en las protecciones laborales del borrador de acuerdo (ver punto 3.3.5) un acapite que podría decir: “la promoción de vinculación laboral de las poblaciones históricamente discriminadas en el trabajo como la población LGBTI”.

II. Participación política: reconocimiento, diversidad e igualdad de derechos

Nosotras y nosotros conocemos la exclusión como casi ningún otro grupo. Valoramos la profundización de la democracia y el pluralismo. Es por ello que recibimos con agrado que los derechos de la población LGBTI estén expresamente incluidos en el borrador de acuerdo de participación política. Con el fin de complementar lo establecido en ese acuerdo, queremos sugerir las siguientes propuestas.

En primer lugar, le solicitamos al Gobierno Nacional y a las FARC-EP que realicen una declaración contra la discriminación de la población LGBTI, como la que acertadamente hicieron rechazando la discriminación contra la mujer (punto 2.3.7). También invitamos a las partes a reafirmar el valor que tienen las diversas orientaciones sexuales e identidades de género en la vida política del país y la deuda histórica que ha existido frente a nuestros derechos.

En segundo lugar, consideramos que pueden complementarse los siguientes aspectos del borrador de acuerdo:
· Seguridad (sección 2.1.2): en relación con los temas de seguridad, es indispensable que se considere a los grupos y comunidades históricamente discriminadas como la población LGBTI como sujetos de protección. En algunas ocasiones, no son solo los líderes quienes sufren violencia o amenazas, sino que es la comunidad o el proceso organizativo completo el que los sufre (punto 2.1.2.2). Adicionalmente, consideramos que una garantía de prevención es la no estigmatización de grupos históricamente discriminados ni los movimientos sociales por parte de altos funcionarios públicos, como nos ha ocurrido con mucha frecuencia en tiempos recientes con el Procurador General de la Nación quien no sólo nos estigmatiza, sino que además persigue a nuestras familias usando un cargo público.

· Garantías para movimientos sociales (sección 2.2.1): consideramos que dentro de los principios de las organizaciones sociales debería considerarse explicitamente “el libre desarrollo de la personalidad” como un fundamento de la movilización social. En relación con el proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, sugerimos que se indique explícitamente que se promoverá la creación y el fortalecimiento de organizaciones de mujeres y de la población LGBTI.

· Garantías para la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización (sección 2.2.4): sugerimos a las partes incluír explícitamente a la población LGBTI en el Consejo Nacional de Reconciliación y Convivencia, así como lo hizo con otros grupos. Además, solicitamos incluír dentro de las funciones del Consejo la promoción de acciones para garantizar la igualdad, el reconocimiento del otro y la no discriminación, así como acciones para cambiar los imaginarios que sustentan los estereotipos y los prejuicios en relación del sexo, la orientación sexual y la identidad de género.

· Promoción de una cultura democrática y participativa (sección 2.3.5): como dije previamente, valoramos la inclusión de la población LGBTI en esta parte del acuerdo. Sin embargo, permítanme complementar las medidas concretas que ustedes han incorporado. Se dice en el acuerdo que se realizarán “campañas en medios de comunicación” y “talleres de capacitación” para fortalecer el ejercicio de los derechos de poblaciones más vulnerables. Creemos que para que estas acciones sean efectivas, deben incluirse explícitamente los siguientes elementos:

  • • El Gobierno Nacional debe poner en marcha todas las acciones a su alcance para el pleno reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, en particular, aquellos relacionados con el reconocimiento de las familias de parejas del mismo sexo, el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero, la lucha contra la violencia y la impunidad, y la discriminación en el sistema educativo.
  • • El Gobierno Nacional debe emprender acciones para transformar y adecuar las instituciones y los funcionarios públicos para que reconozcan y defiendan plenamente los derechos de la población LGBTI.

Hacer capacitaciones o campañas de comunicación sin tranformaciones institucionales es, como dice la parábola bíblica, poner vino nuevo en odres viejos.

III. La verdad y las víctimas: déficit de conocimiento y reconocimiento

Mi colega Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, y Nora Elisa Vélez, víctima que hace parte de la población LGBT y estuvo en la Mesa, ya pusieron en contexto a esta Mesa de la situación de las víctimas LGBTI durante el conflicto armado. Por cuestiones de tiempo, esta intervención tiene un anexo que detalla los asuntos relacionados con los derechos de las víctimas LGBT que invitamos sea tenido en cuenta por la subcomisión.

No obstante, me gustaría enfatizar en el asunto de la verdad sobre la violencia contra las personas LGBT y las vidas cotidianas de estas personas en las zonas de conflicto armado. Tenemos un déficit de verdad importante sobre este tipo de violencia. Déjenme simplemente mostrar algunos ejemplos.

El informe de la “Comisión histórica del conflicto armado y sus víctimas” en ningún capítulo de los académicos se hace mención a la violencia por intolerancia ni mucho menos a la violencia contra la población LGBTI. Otro ejemplo, es que el Centro de Memoria Histórica sólo reportó el caso del paramilitar el Oso en Rincón del Mar (Sucre) cuando se secuestró un grupo de gays para una fiesta del comandante paramilitar Cadena, quien los humilló en público. Más recientemente, el Centro está realizando un informe sobre este tema, pero aún es preliminar y exploratorio.

Desde Colombia Diversa hemos tratado de documentar y lograr que se tenga verdad, justicia y reparación para estos crímenes. Así, por ejemplo, hemos identificados casos como el del bloque de Puerto Boyacá, gracias a la labor de un fiscal, que identificó el caso, y al extraordinario trabajo de la sala de justicia y paz del tribunal de Bogotá. Actualmente estamos rastreando otras 45 registros de hechos de bloques paramilitares en justicia y paz, pero no con tanto éxito. De hecho, algunos tribunales de justicia y paz no han tomado en serio esta cuestión en otros casos ya resueltos. Esto sin contar los innumerables asesinatos y amenazas de los grupos paramilitares que no se han podido documentar, y la negativa de los jefes paramilitares a reconocer estos hechos.

Tambioblación LGBTI”cia, quien tenel proceso de paz del gobierno de Andres gatorias que segrealiza degradantes, retiro de espacios pén hemos rastreado de forma sistemática la violencia y discriminación de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular, la violencia por parte de la Policía. En el período de 2006 a 2014, se registraron 332 hechos de violencia policial. En particular reportamos casos de detenciones arbitrarias, tratos crueles, humillantes y degradantes, retiro de espacios públicos, sanciones ilegales y violencia verbal. Aunque tenemos menos información sobre las fuerzas militares, contamos con información sobre violencia contra la población LGBT por parte de estas fuerzas, e incluso de discriminación de personas LGBTI al interior de ellas. Esto sin mencionar los presuntos vínculos de fuerzas del Estado con grupos paramilitares.

En el caso de las guerrillas, tenemos menos información. Sin embargo, nos gustaría tener claridad sobre una grave denuncia de pruebas de VIH obligatorias que, según información de Amnistía Internacional, ocurrieron en la zona de despeje durante el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana. Según AI, “entre 1998 y 2002 las FARC impusieron las pruebas de VIH a la población civil en los municipios de los departamentos de Meta y Caquetá, que entonces se encontraban bajo la zona de despeje. Por ejemplo, al parecer el Frente 27 de las FARC inició en Vistahermosa, departamento de Meta, una campaña masiva de toma de muestras para detectar seropositivos. Las personas fueron sometidas a tales pruebas bajo la amenaza de las armas y obligadas a pagar su costo. Peluqueros y homosexuales fueron forzados a salir de sus viviendas y establecimientos. Dichas acciones se extendieron a todos los municipios de la zona de despeje”. Un activista y amigo nuestro, Álvaro Miguel Rivera, quien tenía una organización en Villavicencio, denunció está situación y luego fue amenazado, aparentemente por las FARC.

Hago este breve recuento de los hechos no para juzgar a los posibles responsables. Ese no es nuestro papel. Lo hago para mostrar el déficit de verdad sobre el conflicto armado. Además, no solo se trata de conocer lo ocurrido, sino también de reconocer.

Teniendo en cuenta la poca información, investigación y visibilidad de la violencia contra la población LGBTI, le solicitamos a las dos partes que en una eventual Comisión de la Verdad este tipo de violencia sea una prioridad junto con otras ocurridas en el conflicto. Para ello, la Comisión de la Verdad deberá crear mecanismos concretos de investigación, documentación, discusión y trámite de la violencia basada en la orientación sexual, la identidad y expresión de género.

Para las organizaciones LGBTI es importante conocer qué tipo de violencia sufrió la población LGBTI, qué normas de conducta se les impusieron en contra de su dignidad, cómo fue el tratamiento de las personas LGBTI al interior de las tropas de cada grupo en armas, cuál fue el tratamiento y la relación con la población civil en sus zonas de influencia. Estimadas y estimados integrantes de la subcomisión, no nos llamemos a engaños: todos los actores armados – incluyendo los estatales – promovieron estereotipos culturales, patriarcales y machistas que afectaron a las mujeres, a la población LGBTI y a los hombres.

A las partes les solicitamos que, en caso que se compruebe esa violencia, la reconozcan y pidan perdón a las víctimas. En este mismo sentido, las reparaciones simbólicas y de reconstrucción de la memoria individual y colectiva son fundamentales.

IV. Seguridad para la comunidad LGBTI durante la implementación de los acuerdos

Por último, queremos dar un aporte en materia de implementación de los acuerdos y el posconflicto. Como lo ha demostrado la experiencia comparada y nacional, una desmovilización incompleta, o la ausencia de seguridad en las zonas de conflicto, pueden llevar a incrementar la violencia, incluso a niveles superiores que los ocurridos durante el conflicto, afectando principalmente a grupos discriminados y vulnerables.

Colombia Diversa ha llevado registro de amenazas mediante panfletos a población LGBT desde el año 2010. Entre 2010 y 2014, hemos registrado 61 panfletos amenazantes que mencionan a personas LGBT. Durante este período, el mayor número de amenazas de este tipo se registraron en los departamentos de Atlántico (16), Sucre (9) y Magdalena (7). De los hechos amenazantes registrados en 2013 y 2014, la mayoría (23) fueron atribuidos a nuevas bandas criminales que surgieron después de la desmovilización de los grupos paramilitares (Los Urabeños, Los Rastrojos, Águilas Negras, Ejército Anti-Restitución), y varios tuvieron lugar en antiguas zonas de control paramilitar como los Montes de María en Sucre y el Magdalena Medio. Uno se atribuyó a las FARC-EP y uno a grupos neonazis. Del resto no se tiene información sobre los presuntos responsables.

Colombia Diversa no dispone de documentación de hechos amenazantes y panfletos en contra de población LGBT antes del año 2010. Sin embargo, algunos de los hechos registrados en 2013 y 2014 permiten apreciar que muchas de las amenazas, intimidaciones y control armado sobre la población LGBT es atribuible a bandas criminales que cooptaron los espacios y estructuras de los grupos paramilitares después de su desmovilización. En Barrancabermeja, por ejemplo, se registraron múltiples amenazas a distintas expresiones organizativas de la sociedad civil (incluyendo sindicalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, organizaciones LGBT y de mujeres, organizaciones de víctimas, juntas de acción comunal) a lo largo del 2013. Varias de esas amenazas fueron firmadas por un “Ejército Anti-Restitución”, “ASOEXMAR – asociación de exterminadores de maricas” y tildaban a muchas de estas organizaciones como colaboradoras de la guerrilla.

De manera similar, en enero de 2014 tuvieron lugar varias amenazas colectivas en algunas localidades del sur de Bogotá y del municipio de Soacha. Algunos de estos panfletos estaban firmados por las “Águilas Negras Bloque Capital” y fueron dirigidos contra estudiantes, integrantes de organizaciones artísticas y juveniles, consumidores de sustancias psicoactivas, población LGBT y militantes de izquierda. Esto, además, coincide con señalamientos de medios de comunicación y algunas autoridades sobre los riesgos a la población civil por una expansión territorial de bandas criminales surgidas después de la desmovilización de los paramilitares sobre estos sectores de la capital, con el objetivo de controlar el territorio y la población en beneficio de negocios de narcotráfico.

Por esta razón, durante el posconflicto deben establecerse estrictas medida de prevención, investigación y sanción de la violencia de las poblaciones y comunidades que viven en las zonas de implementación de los acuerdos y en el resto del país, en particular, las comunidades vulnerables e históricamente discriminadas como la población LGBTI.

Quiero terminar esta intervención con un homenaje a Álvaro Miguel Rivera, activista LGBT y de personas viviendo con VIH. Álvaro fue asesinado el 6 de marzo de 2009 en la ciudad de Cali. Lo encontraron en su casa amordazado, con signos de asfixia y múltiples heridas de objeto contundente y arma blanca. El Estado no ha hecho nada para esclarecer este crimen y sigue en la impunidad. Él fue un hombre de izquierda y un gran luchador por la paz y por los derechos. Amaba el campo, la política y los derechos humanos. En la memoria de él y los millones de víctimas de este país, saquemos adelante este proceso con honestidad y responsabilidad.

Muchas gracias.

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[1] Verdad Abierta, “Los ‘paras’ nos mataban por ser homosexuales”, 25 de noviembre de 2014.

Fuente: Colombia Diversa

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