Medellín no conoce las cifras de homicidios contra las personas LGBTQ+ del 2018.

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia – SISC, que es la plataforma construida por la Alcaldía de Medellín para contabilizar y publicar los datos sobre la violencia homicida en la ciudad, tiene establecido que los Homicidios asociados a las violencias basadas en género son aquellos ocurridos en razón del género de la víctima, mujeres o población LGBTQ+. Esta integración imposibilita la construcción de políticas públicas que focalicen esfuerzos, según las particularidades de cada grupo poblacional, protegiendo sus vidas.

Entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, fueron asesinadas 25 personas por violencias basadas en género, según el SISC. Para el 2018, fueron asesinadas 14. Pero al contrastar las cifras establecidas por la ONG Colombia Diversa, una de las instituciones que investiga los fenómenos alrededor de las personas LGBTQ+, en el año 2017 el número de homicidios contra gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, queer y más fue de 18 personas, convirtiendo a Medellín en la ciudad con más violencia homicida contra esta población, y a Antioquia en el departamento con más homicidios, teniendo un total de 28, sobre los 109 que ocurrieron en todo Colombia contra personas LGBTQ+.

Sobre esto, ni la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ni la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, ni la Secretaría de Cultura Ciudadana, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, ni la Secretaría de Educación, o cualquier otra entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín, ha manifestado el balance de los homicidios contra personas LGBTQ+ en Medellín durante el 2018. ¿Por qué es importante insistir en estas cifras? Porque detrás de cada número hay todo un universo perdido, por expresar una forma de amar y de amarse diferente. Y reconocer estos asesinatos como lo que son: prejuicios y exclusiones sistemáticas, facilita el reconocimiento de necesidades institucionales, articulaciones, y poblaciones por proteger y por sensibilizar.

No existe en la ciudad un solo protocolo de protección al niño, niña o adolescente que exprese una orientación o identidad de género distinta al esquema heterosexual o al asunto biológico de lo binario hombre – mujer. Y no se trata solo de la violencia homicida. La violencia económica, educativa, laboral, familiar, está atravesada por una indiferencia que culpabiliza a la persona LGBTQ+ y desconoce el papel excluyente de su grupo familiar, comunitario y social. Según Colombia Diversa, en el 2017, del total de personas trans asesinadas, el 94% solo tenían educación básica primaria y secundaria, y el 63% se dedicaba al trabajo sexual.

Como hombre gay siento un miedo profundo, más que por las cifras, por la indiferencia que atraviesa nuestros días. Tomar de la mano en la calle al hombre que quiero no solo me causa burlas e insultos, sino también me hizo terminar mi relación con él. Su familia desprecia cualquier expresión de cariño en público, porque reconocen nuestra orientación sexual mientras no hagamos comentarios frente a ella. Que nadie sepa, que nadie diga nada, sea lo que sea pero que no se le note. Y es precisamente sobre la invisibilización que surgen las violencias. Nadie persigue lo que no se denuncia. Y la realidad sobre los homicidios contra personas LGBTQ+ lo hace evidente.

El SISC no describió durante todo el 2018 un solo homicidio que exprese los prejuicios que originan muchos de los ataques en razón de la orientación sexual o identidad de género. Desconoce incluso, sobre las mujeres trans, su propia condición sexual y les registra como hombres, por la documentación con que se les encuentra en el momento del asesinato, y no por la identidad que ellas mismas forjan sobre sí.

Pero ante la zozobra, las opciones están entre permanecer o transformar la compleja realidad que nos atañe. El 01 de febrero se desató un escándalo contra el SISC cuando se identificó la fórmula para reducir los homicidios en Medellín, que estaba usando la Secretaría de Seguridad y Convivencia, al extraer los homicidios cometidos por la Fuerza Pública (Policía Nacional o Fuerzas Militares) de las cifras totales de homicidios en Medellín. Ante las denuncias, como la de Maira Duque, vocera de movimientos ciudadanos, en su columna de La Silla Vacía, el sistema agregó de manera puntual las cifras sumando y segregando estos datos. Esto mismo debe ocurrir con los homicidios contra personas LGBTQ+.

Contar con cifras segregadas que hagan evidente la compleja problemática de homicidios en Medellín es fundamental. Sin datos, cualquier proceso ciudadano está por fuera de contexto, y el miedo sigue creciendo entre muchos de nosotros. Ser y amar, como actos de resistencia, agotan. Pero la exigencia pública sobre estos datos, hace evidente la indiferencia institucional para proteger la vida de las personas LGBTQ+ contra la violencia homicida.

Lo decía Tolstoi en Anna Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”. Necesitamos saber identificar nuestras desgracias y lo que las motiva: cómo nos matan, en dónde, quiénes.

La infelicidad de una Medellín que aprendió a callar sus muertos, por maricas, tiene que detenerse.

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