Como resultado de la reciente encuesta realizada por el DANE, se registró, lo que sería, una tímida salida del clóset por parte de la sociedad colombiana.

Tan solo 256.000 personas aceptaron abiertamente hacer parte de la población LGBTI. Temor y desconfianza hacia la institucionalidad, serían las motivaciones que llevaron a este evidente subregistro.

Desde finales de la década de los 40, cuando Alfred Kinsey, investigador norteamericano que llevó a cabo lo que se conoce como “El Informe Kinsey”, publicado en 1948, en el que se establece una escala del 0 al 7 el grado de heterosexualidad/homosexualidad de las personas, se ha hablado que, en promedio, el porcentaje de las personas LGBTI en el mundo equivale a un 10%, lo que representaría para Colombia, unos 5 millones de personas, un dato que contrasta con la reciente cifra estadística entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, en la que se dice que en nuestro país habitan un promedio de 256.000 ciudadanos pertenecientes a esta población.

Y aunque debemos reconocer que este es un paso significativo para el reconocimiento y la visibilización de las personas LGBTI en Colombia -a diferencia del censo del año 2018, donde se excluyó el tema de diversidad sexual, este 2020 el DANE decidió indagar a la ciudadanía colombiana por su orientación sexual e identidad de género-, si preocupa la tímida cifra no solo porque evidentemente se distancia de la realidad del país, sino también porque ello revela el temor o la desconfianza que las personas tienen de hablar de su orientación sexual.

Para Nina Chaparro, coordinadora del área de género de Dejusticia, los datos sobre Colombia que estimó el DANE no deberían tomarse como absolutos, de hecho, para ella, son muy bajos en comparación con lo que otros estudios han estimado a nivel global.

“Yo diría que esto no representa la realidad, representa más bien la realidad de un contexto donde las personas prefieren no hablar de su identidad de género u orientación sexual por miedo a la discriminación«, expresó.

En sintonía con lo que afirma Chaparro, en el año 2019, por ejemplo, la encuestadora YouGov reveló que en los Estados Unidos, el 80% de las personas de la generación Baby Boomer (1946-1964) se considera exclusivamente heterosexual, comparado con el 68% de la generación X (1965-1980). Sin embargo, cuando se habla del caso de los millenials (1981-1996), sólo el 46% -es decir, 4 de cada 10 millenials-, se ubican entre el 1 y el 6 en la escala de Kinsey, lo que significa que no se consideran exclusivamente heterosexuales.

Al temor manifiesto de hablar de sexualidad en el país, lo que evidencia una profunda desconfianza de las personas LGBTI hacia la institucionalidad, lo que más preocupa de una cifra tan baja y alejada de la realidad, es el impacto que ésta pueda tener para la ejecución y real puesta en marcha de la actual Política Pública Nacional LGBTI.

De acuerdo con Ricardo Montenegro, abogado, activista y director de la plataforma digital Orgullo LGBT, con las políticas públicas se establecen acciones que tienen como objetivo resolver la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad, estableciendo en los planes y proyectos, metas o estrategias del desarrollo regional y nacional. En el proceso de formulación de Políticas Públicas es fundamental establecer una aproximación real a la población objetivo, estableciendo variables tales como sexo, edad, nivel educativo, ingreso económico, acceso a beneficios sociales, culturales y similares.

Según Montenegro, “un censo a las personas de los sectores LGBTI+ en Colombia tiene varias dificultades; la primera está relacionada con la posibilidad de establecer con veracidad la composición demográfica de estos sectores poblacionales, ya que las identidades son móviles, existen evidentes procesos de invisibilización social y exacerbación de las violencias por discriminación, más una regular autopercepción, lo que dificulta el reconocimiento de las demandas y expectativas del conjunto de estos sectores poblacionales. Por tanto, en términos de política pública encuentro difícil compatibilizar los intereses colectivos con el interés individual, en el marco de un escenario precario de identificación”.

El otro problema de una composición demográfica poco acertada de la población vía censo, desembocaría en dificultades posteriores en el universo de la acción pública y en la asignación de recursos; no es lo mismo estimar un 10% de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (tomando como base el Estudio Kinsey), a tomar como línea de base una medición inferior, que parte de una equivocada aproximación cuantitativa a las personas LGBTI+.

Teniendo en cuenta lo anterior, como sectores poblacionales, se ve con buenos ojos que el DANE haya iniciado el debate sobre la necesidad de conocer la cantidad de personas LGBTI que habitan en Colombia y sus necesidades, pero también se debe hacer el llamado para desarrollar un trabajo conjunto entre la Institucionalidad y los sectores sociales LGBTI, con el fin de generar una mayor confianza y diseñar y poner en marcha estrategias de visibilización y reconocimiento que de cómo resultado una cifra que responda, con mayor cercanía, al número de personas sexualmente diversas que habitan en Colombia.

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