Con un presupuesto consolidado que asciende a $4.400 millones de pesos, entre la Administración, líderes y organizaciones sociales, existe consenso al afirmar que Medellín le sigue apostando a la diversidad y a generar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de las personas LGBTI+ más vulnerables de la ciudad.

Pese a que la crisis ocasionada por el covid-19 nos tomó por sorpresa, generando incertidumbre y caos en todas las ciudades del país, la población LGBTI+ en Medellín, con mayor índice de vulnerabilidad, ha contado con un satisfactorio acompañamiento de la Secretaría de Inclusión Social, así lo evidencia Alejandra Gómez, secretaria de ese despacho, y lo confirman líderes y organizaciones sociales que trabajan por la visibilización y el reconocimiento de los derechos de esta población en el municipio.

Con un presupuesto que supera los $4 mil millones de pesos para este cuatrienio, el programa para el reconocimiento de las diversidades sexuales e identidades de género, el cual incluye acciones de la Política Pública asignadas a la Secretaría de Inclusión Social, ha destinado para este 2020 un rubro de $890.000.000, aclarando que a este presupuesto se suman los recursos que cada secretaría corresponsable ejecutará en el marco de las acciones incluidas en el plan estratégico, el cual cuenta con una ejecución acumulada a la fecha, del 15%, siendo esta una cifra que está muy por debajo del porcentaje de ejecución esperado.

No obstante, frente a la baja ejecución, es importante aclarar que, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH y a los testimonios de algunos líderes sociales, este retraso viene de la administración anterior y no ha avanzado significativamente, en especial por las acciones que han sido necesarias para mitigar los efectos de esta pandemia, que ha puesto a prueba la capacidad de articulación y compromiso del Estado y la sociedad civil.

Es precisamente esta última, la capacidad de articulación, la que ha permitido desarrollar, durante estos meses de pandemia, un sinnúmero de acciones que, desde una perspectiva de diversidad, han dejado bien parada a la actual administración. Fausto Emilio Arroyave, vocero de la Alianza Social LGBTI de Antioquia, afirma que los avances en las acciones afirmativas relacionadas con la diversidad, corresponden efectivamente “a un cambio de visión sobre lo que significa y debe ser el trabajo con las organizaciones sociales”.

En concordancia con la información suministrada por la Secretaria de Inclusión, Alejandra Gómez, durante los periodos de aislamiento y cuarentena ocasionados por el covid-19, las acciones se han enfocado en resolver las necesidades de alimentación, vivienda y apoyo económico, para las personas LGBTI+ con mayores índices de vulnerabilidad.

Edal Monsalve, integrante del Consejo Consultivo de la Política Pública LGBTI y líder social de la comuna 10, La Candelaria, señala que la población sexualmente diversa de este territorio ha sido tal vez la más beneficiada, en especial las personas trans que ejercen trabajo sexual en la zona.

En esa perspectiva, y gracias al trabajo articulado, en el mes de marzo con el proyecto “Por mis Derechos”, adscrito a la Unidad de Programas Sociales Especiales –UPSE-, se realizó una caracterización en la Comuna 10, dejando cifras preocupantes. De acuerdo con Monsalve, quien participó en la construcción de la misma, “la zona de Villanueva cuenta con unos altos índices de pobreza”.

El líder social afirma que como resultado de este estudio, se evidenció la presencia de 70 inquilinatos en el sector, los cuales cuentan con un total de 622 habitaciones, donde habitan un total de 2.150 personas, de las cuales 85% corresponden a migrantes venezolanos. Así mismo, se resalta la presencia de un número alto de mujeres trans que ejercen trabajo sexual.

Con esta caracterización fue posible establecer que una de las necesidades más latentes para estas personas es la alimentaria. Por lo cual, se adoptó una estrategia articulada con las mesas y colectivos de la población LGBTI+ de Medellín, que permitió consolidar una base de datos de las personas que requerían este apoyo, y se realizaron las gestiones pertinentes para la adquisición y entrega de paquetes alimentarios durante el mes de mayo y agosto, llegándose a una entrega consolidada entre sector público, privado y ONG’s, de cerca de 6.000 ayudas a población vulnerable.

Respecto al tema de vivienda, la Administración continúa con la estrategia de auxilio habitacional, el cual consiste en un apoyo económico para el pago del arriendo, ya sea en inquilinatos, viviendas o residencias, previo cumplimiento de requisitos, como es estar en alta vulnerabilidad o en riesgo de expulsión de su vivienda.

De igual manera, durante el mes de Junio, Mes de la Diversidad, se desarrollaron diversas acciones afirmativas en conjunto con organizaciones como #NoMataras, New Queers on the Block y la Alianza Social LGBTI de Antiquia, las cuales se vieron reflejadas en el encendido de las luces con los colores de la bandera del Orgullo y la pintada con los colores de la Diversidad, en varios pasos peatonales.

Asimismo, desde la Secretaría de Comunicaciones se hizo pedagogía frente a los diferentes significados de las banderas de la diversidad en los paraderos de buses y, con la Secretaría de Cultura, se llevó a cabo una agenda virtual que le permitió a Medellín participar de la Marcha de la Diversidad virtual y de los Galardones León Zuleta, eventos transmitidos en directo por Telemedelín. Finalmente, en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín se izó la bandera de la Diversidad.

Y aunque pareciera que la articulación entre la administración y los sectores sociales LGBTI+ han podido articular una agenda común en beneficio de la población sexualmente diversa, el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, continua siendo un punto álgido en la discusión de cual debe ser el objetivo de este espacio para la ciudad y para las personas LGBTI.

Al indigar a Fausto Arroyave sobre este tema, señala que “si bien en años anteriores no se había podido generar procesos de articulación con el Centro y las organizaciones sociales, sí existe en la actual administración una mayor conciencia de la necesidad de desarrollar un trabajo articulado y eso se ha visto en la disposición de su nuevo equipo de trabajo”.

Finalmente, es importante resaltar que, con el objetivo de responder a una de las problemáticas de violencia a la cual se enfrenta las personas LGBTI, como lo es la expulsión o el desplazamiento de sus hogares o contextos domésticos, actualmente, desde la Administración, se están realizando gestiones para avanzar en los estudios preliminares tendientes a la construcción de un modelo de albergue y acogida para población en condición de expulsión y desplazamiento motivadas en violencia por prejuicio.

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